El PP propone que el dinero obtenido por disparar los vertidos de basura de toda la región en Lorca se destine a evitar la subida del recibo impuesta por el PSOE

• La medida será elevada al próximo Consejo de Administración por los representantes del Grupo Municipal Popular. Los primeros cálculos señalan que los lorquinos tendrán que pagar más de un millón de euros cada año por este nuevo impuesto del gobierno socialista.

El PP propone que el dinero obtenido por disparar los vertidos de basura de toda la región en Lorca se destine a evitar la subida del recibo impuesta por el PSOE
El PP propone que el dinero obtenido por disparar los vertidos de basura de toda la región en Lorca se destine a evitar la subida del recibo impuesta por el PSOE

El PP propone que el dinero obtenido por disparar los vertidos de basura de toda la región en Lorca se destine a evitar la subida del recibo impuesta por el PSOE

 

• La medida será elevada al próximo Consejo de Administración por los representantes del Grupo Municipal Popular. Los primeros cálculos señalan que los lorquinos tendrán que pagar más de un millón de euros cada año por este nuevo impuesto del gobierno socialista.

 

• La llegada de basura procedente de todos los municipios de la región se ha multiplicado, de forma que mientras en 2021 se recaudaron 1,3 millones de euros, en 2022 la cifra se elevó hasta superar los 3,3. A este ritmo, el vaso del vertedero, que debería tener una vida útil de 40 años, se llenará en apenas 5 o 6.

 

28 marzo, 2023.- El Grupo Municipal Popular propondrá en la reunión del Consejo de Administración de la empresa de Limpieza Municipal (Limusa) que el dinero generado por disparar exponencialmente los vertidos de basura de toda la región en Lorca se emplee en evitar la subida del recibo de basura a los ciudadanos que ha impuesto el gobierno de Pedro Sánchez.

 

            Las familias lorquinas no pueden soportar más subidas de impuestos, más gasto desproporcionado y más presión fiscal. Por tanto, estos recursos económicos extras derivados de la basura se tienen que emplear en esta cuestión prioritaria. Hay que ser sensibles con la situación que atraviesan los ciudadanos y ejecutar esta medida. Las circunstancias mandan y hay que ofrecer un ejemplo de responsabilidad a los ciudadanos.

 

            Seguimos preocupados por la gestión socialista en Limusa, puesto que la estabilidad económica de la empresa se ha confiado a disparar exponencialmente las toneladas de basura que están llegando al Centro de Gestión de Residuos (CGR) de Barranco Hondo. De hecho, actualmente está llegando basura de casi todas las ciudades de la Región de Murcia, de tal forma que mientras que en 2021 se ingresaron 1,3 millones por estos vertidos, en 2022 esta cifra superó los 3,3 millones de euros, que han servido para maquillar y cuadrar las cuentas.

 

            La optimización de los recursos económicos con los que cuenta la empresa debe centrar el trabajo de los representantes municipales, porque ¿de qué les sirve a los lorquinos que la empresa disponga de beneficiosa, si sus calles están más sucias que nunca, y los barrios y pedanías abandonados?

 

            De seguir este ritmo de llegada de basura a Lorca, el nuevo vaso que dejamos construido en la etapa de gestión del PP, y que contaba con una capacidad prevista para 40 años, quedará inutilizado en apenas 5 o 6 años, por lo que habrá que construir otro, lo que exigiría una inversión cercana a los 10 millones de euros.

 

            Se está cayendo, por tanto, en un grave error de planificación que genera un riesgo de colapso del actual vaso. Es una huida hacia delante que sitúa al municipio en un callejón sin salida. El impacto medioambiental que puede provocar es muy perjudicial.

 

            Desde el Partido Popular hemos estado alertando de esta subida de impuestos desde mayo de 2021, y seguimos reclamando que el consistorio municipal no repercuta en el recibo que pagamos todos los lorquinos por el servicio de recogida de basura el nuevo impuesto que Pedro Sánchez ha decidido aplicar a los residuos urbanos. Estamos hablando de un nuevo impuesto que obliga a los ayuntamientos a pagar 40 euros por tonelada entregada en el vertedero y 20 si estos residuos se derivan a incineración. La subida supone un incremento superior al millón de euros anual para los ciudadanos.

 

            Hemos de recordar que mientras el cobro de este impuesto dependía de las Comunidades Autónomas, se podía establecer una exención, de la que se beneficiaba entre otros, nuestro municipio. Sin embargo, el cambio impuesto por el gobierno central ha desvirtuado el escenario, y establece que se trata de un pago de obligado cumplimiento, es decir, ya no caben exenciones.