El gobierno socialista de Mateos se lanza a “hacer caja” a costa de los estudios universitarios de Lorca, exigiendo al Campus un pago de 176.000 euros por el IBI

• El PP reclama que se paralice inmediatamente esta exigencia de pago que el PSOE lleva reclamando desde 2020, y se aplique a la universidad la misma exención tributaria que ya aplican todos los ayuntamientos de ciudades universitarias.

El gobierno socialista de Mateos se lanza a “hacer caja” a costa de los estudios universitarios de Lorca, exigiendo al Campus un pago de 176.000 euros por el IBI
El gobierno socialista de Mateos se lanza a “hacer caja” a costa de los estudios universitarios de Lorca, exigiendo al Campus un pago de 176.000 euros por el IBI

El gobierno socialista de Mateos se lanza a “hacer caja” a costa de los estudios universitarios de Lorca, exigiendo al Campus un pago de 176.000 euros por el IBI

 

• El PP reclama que se paralice inmediatamente esta exigencia de pago que el PSOE lleva reclamando desde 2020, y se aplique a la universidad la misma exención tributaria que ya aplican todos los ayuntamientos de ciudades universitarias.

 

9 diciembre, 2022.- El gobierno local del PSOE ha reclamado al Campus Universitario de nuestra ciudad mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local correspondiente al 11 de noviembre de este año la cantidad de 176.000 euros correspondientes al abono del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) desde el año 2016. Se trata de una medida que no debería haberse emprendido, puesto que actúa en detrimento del Consorcio Universitario, entidad encargada de impulsar el desarrollo de los estudios universitarios en nuestra ciudad. Estamos hablando de una decisión del Sr. Mateos que no se deriva de un error puntual, o de una confusión circunstancial, sino que hemos podido averiguar que constituye un empeño del PSOE que se remonta al año 2020, cuando el Campus ya recibió una serie de avisos por el pago del IBI, que fue reiterada posteriormente en repetidas ocasiones, dando lugar a la problemática actual.

 

            La secretaria general del PP lorquino, Rosa María Medina, ha considerado que esta exigencia de pago constituye un considerable perjuicio económico para la entidad que se esfuerza diariamente para que el proyecto universitario crezca. En vez de poner piedras en el camino, y zancadillear los estudios universitarios, el gobierno de Mateos debería mostrar su apoyo real y efectivo. Es evidente que reclamar ahora este montante económico acarrea un serio revés y compromete las posibilidades de avance de uno de los pilares fundamentales para el progreso del municipio. La Lorca universitaria que todos queremos, por la que tanto hemos luchado, no se merece estas actuaciones por parte de nuestro Ayuntamiento.

 

            Hemos de tener en cuenta que las instalaciones universitarias ubicadas en otras ciudades, como pueden ser Murcia o Cartagena, están exentas del pago de este impuesto, como también lo estaban las lorquinas hasta que llegó Mateos. No se puede sostener un discurso en el que de boquilla se apoye al Campus Universitario y por la espalda estén maquinando la forma de sacar “tajada” con el IBI.

 

            Este conflicto es tan absurdo como haberse empeñado en cobrarse a sí mismo, y estar durante tres años exigiendo pagos y pagos en vez de haber establecido una solución. Resulta impresentable que quieran hacer caja hasta con la Universidad, este tipo de negligencias por parte de un gobierno local solo las vemos en nuestra ciudad, y eso es algo que tenemos que cambiar.

 

            Mateos ha tenido 3 años para corregir este despropósito, un tiempo más que suficiente para que se impusiera el sentido común. En cualquier caso, proponemos encontrar una solución, articulando los mecanismos legales que establezcan una salida a este conflicto, que permita evitar la posible interposición de un recurso contencioso administrativo ante los Juzgados por parte del propio Consorcio. No es lógico que Mateos gire un recibo en vez de buscar la fórmula para que no tengan que pagar el IBI como en cualquier otra instalación en la que se impartan enseñanzas universitarias.

 

            Como el actual gobierno se ha mostrado manifiestamente incapaz de encontrar la fórmula y tampoco parece muy interesado en ello, desde el Grupo Popular proponemos que nuestro Ayuntamiento paralice inmediatamente esta exigencia de pago del IBI y emprenda los trámites necesarios para aprobar una modificación de las ordenanzas fiscales municipales, estableciendo la misma bonificación con la que cuentan en el resto de ciudades españoles para este tipo de instalaciones universitarias y organismos públicos de investigación.