El PP sale en defensa de la libertad educativa de las familias y presentará una moción en el pleno para rechazar el adoctrinamiento que defienden PSOE y Podemos

• Fulgencio Gil: “el PSOE tiene que solucionar los problemas de los lorquinos aprobando el Decreto Ley para bonificar el IBI a los damnificados por los terremotos, en vez de entrometerse en la vida de las familias para decidir sobre lo que no le corresponde.”

El PP sale en defensa de la libertad educativa de las familias y presentará una moción en el pleno para rechazar el adoctrinamiento que defienden PSOE y Podemos
El PP sale en defensa de la libertad educativa de las familias y presentará una moción en el pleno para rechazar el adoctrinamiento que defienden PSOE y Podemos

El PP sale en defensa de la libertad educativa de las familias y presentará una moción en el pleno para rechazar el adoctrinamiento que defienden PSOE y Podemos

 

• Fulgencio Gil: “el PSOE tiene que solucionar los problemas de los lorquinos aprobando el Decreto Ley para bonificar el IBI a los damnificados por los terremotos, en vez de entrometerse en la vida de las familias para decidir sobre lo que no le corresponde.”

 

15 noviembre, 2019.- El Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Lorca, Fulgencio Gil, ha reivindicado el derecho de todas las familias lorquina a elegir con plena libertad la educación que quieran ofrecer a sus hijos, y ha expresado la inquietud que han generado las afirmaciones realizadas por parte de la propia Ministra de Educación del PSOE, Isabel Celaá, que, de forma irresponsables, incomprensible y contra toda lógica, ha indicado literalmente que “el derecho de los padres a escoger una educación religiosa no emana de la constitución”.

 

            Fulgencio Gil ha afirmado que se trata del peor ataque contra la libertad educativa de las familias que se recuerda, cuya gravedad se acentúa al tener en cuenta que ha sido una Ministra la que lo ha proclamado. Estamos ante una barbaridad similar a las situaciones de involución educativa y adoctrinamiento que se han denunciado tanto en Cataluña como en las ikastolas vascas.

 

            El líder del PP ha explicado que esta formación política sí defiende plenamente el derecho de las familias a educar a sus hijos como estimen necesario, porque nadie tiene que decirles a los lorquinos cómo educar a sus niños. Si los padres quieren que sus hijos estudien Religión, eso tiene que ser respetado por el Gobierno, sea del PSOE o de Podemos, y si la opción de los padres es escolarizarlos en centros de educación concertada, también tienen que respetar esa libertad. Lo contrario sería una intromisión ilegítima y dictatorial del gobierno en la vida de los españoles. Hemos de recordar que en Lorca actualmente hay 2.229 alumnos cursando sus estudios en educación concertada, en centros que dan empleo a 160 familias lorquinas.

 

Fulgencio Gil ha afirmado que el PSOE tiene que preocuparse de solucionar los problemas de los lorquinos, por ejemplo aprobando el Decreto Ley para bonificar el 50% del IBI a los damnificados por los terremotos, en vez de entrometerse en la vida de las familias para decidir sobre lo que no le corresponde. Por eso exigimos al actual gobierno de España que garantice la libertad de enseñanza y el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones morales, tal y como refleja la Constitución española.

 

El Portavoz del Partido Popular ha adelantado que desde el PP lorquino reclamaremos también mediante una moción al próximo pleno del Ayuntamiento el respaldo de todos los grupos políticos para exigir a la Ministra Celaá que se retracte de las manifestaciones mencionadas, al tiempo que reclamamos que el Gobierno de España garantice la libre elección de centro. Nos gustaría pensar que las palabras de la Ministra han sido un error, y esperamos que no constituyan el primer paso para suprimir las libertades públicas de las familias españolas e ir dejando paso a un Gobierno intervencionista, de corte bolivariano, que nos roba a las familias uno de los derechos más básicos que tenemos los ciudadanos: educar a nuestros hijos como consideremos oportuno.